Por Manuel Quintanar (Abogado penalista)

I.

La palabra genocidio se está usando cada vez más. “Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio, pero cada vez más personas están planteando la cuestión, incluyendo dos grupos de derechos humanos en Israel que han hecho esa declaración”. “Es importante hacer algunas distinciones que ellos mismos hacen en cuanto a lo que está haciendo el Gobierno de Israel y quiénes son los miembros de la comunidad judía”. León XIV para Elise Ann Allen en “Crux” (León XIV. Ciudadano del mundo. Misionero del S. XXI. Penguin Random House). En efecto, el delito de genocidio se puede encontrar en numerosos códigos penales y en la Carta Fundacional del Tribunal Penal Internacional, cuya definición o delimitación del tipo penal queda a la interpretación de la letra de la Ley, en cada caso (Código penal) y para cada supuesto concreto. Lo sea o no, en el caso de Israel y Palestina, como dice el Papa León XIV no debe olvidarse que debe distinguirse entre el Gobierno de Israel e Israel como Estado.

II.

El caso vivido en España para las manifestaciones que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España también exigen distinguir aquellas legítimas manifestaciones de repulsa a las condiciones en que se sitúa a los gazatíes por parte del Ejército israelí de aquellos ilegítimos y violentos ataques a una competición deportiva citada, de lleno inmersos en los tipos administrativos de infracción de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte que prevé sanciones de hasta 650.000 euros para las infracciones muy graves. Se trata de una Ley muy avanzada en la prevención, persecución y sanción de conductas violentas, racistas, xenófobas e intolerantes en espectáculos deportivos para los asistentes a los mismos y otros sujetos que por otros medios puedan incitar de cualquier manera a este tipo de inaceptables comportamientos que la Ley describe a propósito de diversos tipos administrativo-sancionadores.

III.

Como miembro, durante años, en ocasiones representando al Ministerio del Interior, y en otras a La Liga, de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte creo que los distintos altercados y multitud de incidentes ocasionados en distintas etapas de la competición con la excusa de la protesta ante lo considerado como genocidio (reitero que las manifestaciones pacíficas son perfectamente legítimas y, por supuesto, la exhibición de las banderas palestinas también) pueden enmarcarse en el perímetro de intervención de esta Ley, incluyendo las incitaciones de distintos políticos muy significados han realizado con anterioridad. Espero, estoy convencido por su tradicional excelente labor, que se haya llevado por parte del CNP las correspondientes actas de denuncia, con identificación de sus responsables, a la consideración de la Comisión Estatal como paso previo a la imposición por la autoridad competente de las correspondientes sanciones (Delegación del Gobierno). En cualquier caso, ha resultado un espectáculo deplorable que en nada favorece al deporte español en su conjunto.

IV.

Por ello, cobran relieve llamativo las instituciones del CSD y de la Delegación del Gobierno, representadas en esta ocasión por Rodríguez Uribes y por Martín Aguirre, a quienes corresponde salir al paso de la mentada violencia de determinados individuos, orquestados o no, en la Vuelta Ciclista a España. A éstas corresponde tomar la iniciativa en la condena y denuncia de los violentos, más allá de la execración de un supuesto genocidio de Israel, en el que no entramos, y para eso, por cierto, ya ha tomado la iniciativa el Fiscal General del Estado.

V.

Y lo cierto es que ni uno ni otro, entendemos, han estado a la altura. Ambos más parecieran epígonos del relato de la Presidencia del Gobierno que defensores de una legalidad que es muy clara al respecto y que impone una rotunda persecución de este tipo de comportamientos. Quiero, en este momento, subrayar que ello nada tiene que ver con el negacionismo de ningún genocidio (vid. Ana Iris Simón en El País de 20 de septiembre de 2025) pero tampoco el de los católicos de nuestra guerra civil, semillero de martirios reconocidos por la Iglesia (de los cuales, por lo menos, de uno tuve el honor de representar en la correspondiente beatificación a la CAM en diciembre de 2019 como Secretario General de Gobierno). Quedó probado el odium fidei que regía el comportamiento de muchos durante nuestra lamentable confrontación nacional del 36. Pero nada se debe esperar de quien, garbancera y sarcásticamente para las víctimas del terrorismo en nuestra Patria proclama que “Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera”. Sin comentarios.

VI.

Se espera más de mi compañero de curso, sentado siempre en primera fila (Derecho Valencia 1987/1988) Rodríguez Uribes, que en lugar de censurar, sin más, el comportamiento de los violentos, si se quiere, aislado de las legítimas manifestaciones pro derechos humanos, en un circunloquio vacío de contenido (me remito a la nota de prensa del CSD), pareciera estar haciendo apología de la condena a Israel en todos los estamentos deportivos y, por tanto, dando soporte de alguna manera a la suspensión de las diversas etapas de la Vuelta. Lo cierto es que lo siento pero no me cabe más remedio que repudiar dichas declaraciones de un representante de España en el ámbito del deporte. Por mucho que pueda estar de acuerdo con muchas de las precisiones que lleva a término el periodista Carlos Arribas en “El País” sobre el deporte y la política (La Vuelta, Israel y la neutralidad de la Carta Olímpica).

VII.

Debiera, y no se lo tome a mal mi querido compañero de curso, colocarse en un nivel institucional más moderado, a pesar de que todos deploremos lo que está sucediendo en Palestina, y sobre todo, cumplir con un deber, que incumplido en su posición de garante, puede constituir una omisión culpable en materia jurídico sancionadora a resultas de lo que pueda derivarse de la investigación de lo sucedido. Ni qué decir tiene esto vale también para el Garbancito de la Delegación del Gobierno.

VIII.

En cualquier caso, en nada debemos preocuparnos por la impunidad de Israel los españoles, pues el imputado Fiscal General del Estado ya ha ordenado a Dolores Delgado la apertura de las correspondientes diligencias de investigación (cuyo patético destino será en el mejor de los casos una inhibición en favor del Tribunal Penal Internacional) pues ya sabemos cuáles son los éxitos de nuestra particular justicia universal del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a cargo de la Audiencia Nacional. Derecho penal simbólico o el penúltimo servicio a un Gobierno con una dramática deriva. Ya hablaremos de la labor de la Ministra Robles en Defensa en materia tan delicada en otro Mondo Difficile.